Registro de Morosos, ¿cuándo me puede inscribir una entidad financiera?

La inclusión en un registro de morosos (también llamados de ‘impagados’) es una práctica que vienen utilizando las entidades financieras como medida de presión a los obligados al pago de una presunta deuda.
 

Para que una entidad financiera pueda solicitar la inscripción en cualquiera de estos registros se deben cumplir una serie de requisitos:

 

En primer lugar, que se trate de una deuda cierta, líquida, vencida y exigible que haya resultado impagada. No se cumpliría este requisito en el momento en que existiese alguna duda respecto a la realidad de la deuda o al importe de la misma.

 

En segundo lugar, que no hayan transcurrido más de seis años desde la fecha en que debió hacerse efectivo el pago de la deuda o el vencimiento de la obligación.
 

 Y en tercer y último lugar, que se haya requerido previamente el pago al deudor, y se le haya advertido con la inscripción en un registro de morosos. En el caso de que la entidad financiera no hubiera conseguido acreditar el requerimiento previo de pago y la advertencia al deudor con la inscripción en un registro de morosos, no sería posible al acreedor solicitar la inclusión de su deudor en un registro de morosos.
 

Por ello, en caso de que alguien (persona física o jurídica) se vea inscrito en un registro de morosos improcedentemente, tendrá que dirigirse, en primer lugar, al registro de morosos que le haya inscrito y, en caso de no prosperar la reclamación, recurrir a la Agencia de Protección de Datos.
 

 Por último, es importante saber que la inscripción improcedente en un registro de morosos da lugar a un derecho a indemnización al deudor inscrito por el daño moral ocasionado. 

 

Aprobado el Programa de Estabilidad y el Plan Nacional de Reformas

Según se informa desde la página web del Palacio de La Moncloa, el Consejo de Ministros ha aprobado el Programa de Estabilidad 2014-2017 y el Programa Nacional de Reformas 2014 que han sido remitidos a la Comisión Europea.

Entre los objetivos que se ha marcado el Gobierno con la aprobación de estos Programas está facilitar el crédito y favorecer la creación de empleo estable.
 

Las medidas adoptadas por Gobierno no descartan la posibilidad de que se establezca el copago para el acceso y utilización de los Servicios Públicos, la creación de un nuevo Impuesto sobre las transacciones financieras, y la subida del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles.  Todas estas medidas intentarán frenar la menor recaudación que se prevé tras la entrada en vigor de la reforma fiscal, que rebaja el IRPF y el Impuesto de Sociedades.

Plan Integral de Apoyo a la Familia

El Consejo de Ministros está ultimando un Plan Integral de Apoyo a la Familia que tiene como finalidades principales conseguir la conciliación entre la vida familiar y laboral e introducir medidas para frenar el envejecimiento paulatino de la sociedad española. Los ministerios implicados en la elaboración y diseño de este Plan Integral son Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y Hacienda y Administraciones Públicas.

 

El Plan Integral de Apoyo a la Familia, que está dirigido especialmente a las familias con hijos a su cargo y a las clases medias, está previsto que sea aprobado en breve, introducirá mejoras fiscales que, además de fomentar la conciliación laboral y personal,  favorezcan el acceso y permanencia de los trabajadores en el mercado laboral y mejoren la protección de las familias.

 

 

La Dirección General del Catastro y el Registro de la Propiedad intercambiarán sus datos sobre bienes inmuebles.

A partir de ahora el Registro de la Propiedad y el Catastro intercambiarán sus datos y evitarán así informaciones discordantes sobre un mismo inmueble. 

Hasta el momento, una de las mayores quejas de los usuarios era la nula coordinación entre el Registro de la Propiedad y la D.G. del Catastro a la hora de identificar los bienes inmuebles, lo que les ocasionaba multitud de inconvenientes y una evidente inseguridad jurídica, sobre todo a la hora de determinar si una finca registral coincidía o no con una parcela catastral.

Entre las mejoras plasmadas en el anteproyecto de reforma de la ley hipotecaria y de la ley del catastro figura que a partir de ahora el Registro de la Propiedad y la D.G. del Catastro tendrán acceso recíproco a sus registros y el establecimiento de un procedimiento de intercambio de información entre ambas instituciones.

Otra de las novedades más destacadas que incorpora el anteproyecto es la desjudicialización de los procedimientos de concordancia entre el Registro de la Propiedad y la realidad extraregistral. A partir de ahora serán notarios y registradores de la propiedad los responsables en los expedientes de inmatriculación de fincas, la rectificación de superficie, la incorporación de bases gráficas, el deslinde, la reanudación de tracto, la duplicidad de inscripciones y la liberación de cargas. Hasta ahora su tramitación se hacía ante los tribunales.

El Ministerio de Empleo amplia a los mayores de 30 años la posibilidad de capitalizar el 100% del paro

Fátima Báñez, ministra de empleo, ha anunciado en el 4º Congreso de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que los mayores de 30 años podrán capitalizar el paro para abrir una actividad por cuenta propia.

Hasta esta reforma, los hombres mayores de 30 años y las mujeres mayores de 34 años solo podían capitalizar el 60% del paro para abrir un negocio, salvo en el caso de las personas con discapacidad del 33% o superior, a las que se les permitía capitalizar el 100 % de la prestación.

Con esta medida, la ministra de empleo, ha satisfecho una de las medidas más reclamadas por los profesionales autónomos. 

Se amplía de 15 a 20 días el plazo para pagar multas con la tarifa reducida.

El dictamen de la Comisión de Interior del Senado a la Ley de sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que se reúne este miércoles, contempla que los conductores dispongan de 20 días naturales para pagar las multas con la tarifa reducida, en vez de los 15 días que dispone la citada Ley en la actualidad.

Entre las modificaciones que se prevén en el Dictamen de la Comisión de Interior está un nuevo sistema de práctica de notificaciones en la Dirección Electrónica Vial o, en su caso, en el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico y la superación de un curso de sensibilización y reeducación vial en la Jefatura Provincial de Tráfico correspondiente para que los conductores puedan recuperar puntos total o parcialmente. En ese sentido, dispone el Dictamen que “el titular de una autorización que haya perdido una parte del crédito inicial de puntos asignado podrá optar a su recuperación parcial, hasta un máximo de seis puntos, por una sola vez cada dos años, realizando un curso de sensibilización y reeducación vial y superando la prueba de aprovechamiento del mismo que se determine por el Ministerio del Interior. Los conductores profesionales podrán realizar el curso y la prueba correspondiente con frecuencia anual".

Asimismo, el Dictamente de la Comisión de Interior contempla la elevación de la sanción por negarse a hacer el control de alcoholemia o drogas, que quedará fijada en 1.000 euros; y la incorporación de una Directiva de la UE por la que se adoptarán medidas como el intercambio transfronterizo de información con el fin de que los conductores extranjeros no puedan eludir las multas de tráfico impuestas por las autoridades españolas. 

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Mejoras en la financiación de las PYMES. El Anteproyecto de Ley para el Fomento de la Financiación Empresarial.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Anteproyecto de Ley para el Fomento de la Financiación Empresarial que tiene como fin el de flexibilizar y mejorar la financiación a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Con esta misma finalidad, el Consejo de Ministros ha aprobado también el Anteproyecto de Ley de Entidades de Capital Riesgo, que podrán invertir en PYMES hasta un 70% de su patrimonio.

Entre las novedades que contempla el Anteproyecto de Ley sobre Fomento de la Financiación Empresarial destaca la obligación que se establece a las entidades de crédito de fijar un sistema de preaviso de al menos tres meses de antelación para informar sobre la situación crediticia de aquellas PYMES con problemas de liquidez y cuya financiación vaya a ser cancelada o notablemente reducida y la obligación de facilitar información específica sobre la situación crediticia a aquellas PYMES que ven restringida su financiación. Asimismo, este Anteproyecto de Ley prevé la mejora del funcionamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y de la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), disponiendo que el reaval de CERSA se active ante el acreedor en caso de incumplimiento de la SGR tras el primer requerimiento. Además, el precitado Anteproyecto de Ley contempla el diseño de un régimen específico para los establecimientos financieros de crédito, dotando a estas entidades un marco jurídico más eficaz para mantener y potenciar su actividad; una adaptación de la regulación de las titulizaciones; la mejora del régimen español de emisión de obligaciones; la potenciación del Mercado Alternativo Bursátil (MAB); y una propuesta de regulación del denominado crowdfunding, en la que se fijan las condiciones para el funcionamiento de este nuevo sistema, basado en plataformas electrónicas que contactan directamente a los inversores con las empresas y cuyo objetivo es impulsar una nueva herramienta de financiación directa de proyectos empresariales.