A la espera del próximo
21 de diciembre cuando conozcamos la sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea (TJUE) sobre las cláusulas suelo y su idoneidad, un nuevo
frente judicial se abre para la banca tras un fallo del Tribunal Supremo del 23
de diciembre de 2015 que considera nulas las cláusulas que se imponen al
consumidor sobre gastos de formalización de hipotecas y señala que el pago de
los tributos corresponde al banco.
Según datos del INE
podríamos estar hablando de unos ocho millones de hipotecas, el cien por cien
existente.
La situación ha sido
destapada desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) que da
servicio en nuestro país a más de 300.000 socios.
El pasado viernes ya
había 25.000 afectados que habían pedido asesoramiento para esta acción a esta
entidad.
Su portavoz, Enrique García aclara
para Confilegal esta situación: “creemos que puede haber tantos afectados
como por el asunto de las cláusulas suelo. El fallo viene de una sentencia que
nuestra organización era demandante de diciembre del 2015 donde se establece la
nulidad de estas cláusulas, habitual en todas las hipotecas de todas las
entidades financieras”.
A juicio del Supremo en ese fallo “se traslada de
forma abusiva al consumidor los gastos de formalización de las hipotecas. Esos
gastos se desglosan en el Impuesto de Actos jurídicos documentados, gastos de
notaría y de registro. El número de hipotecas afectadas son la totalidad de las
vigentes pese a que el fallo del Supremo solo haga referencia a las de Banco
Popular y BBVA, en la práctica los bancos tienen unas cláusulas similares”.
Otra cuestión que señala García es
que pudiera afectar también a algunas hipotecas ya pagadas, en los últimos cuatro
años, como plazo para reclamar y entablar esas acciones legales. A su juicio,
las entidades financieras no van a negociar sino que habrá que ir a diferentes
procesos judiciales para recuperar ese dinero.
“Desde OCU primero haremos una reclamación al banco
que es probable que no se tenga en cuenta. Luego habrá que ir a la via
judicial”.
Sobre los plazos judiciales de los que pudiéramos
estar hablando, nuestro interlocutor prefiere no dar un comentario concreto “no
será lo mismo presentar una demanda en Madrid o Barcelona que en otras
capitales de provincia. Confiamos que en primera instancia sea favorable el
fallo porque ya hay otro del Supremo y la posibilidad de recurso de la entidad
financiera, cuestión que han hecho con las cláusulas suelo”.
En esta situación el ciudadano tendrá que ver si le
compensa ir a juicio por el dinero que puede recibir a cambio.
El banco tiene
ventaja
Desde esta asociación se insiste en que gracias a la
hipoteca, el banco posee una garantía real y preferente que, en caso de impago,
le permite promover la venta de la vivienda para satisfacer la deuda pendiente.
La constitución de la hipoteca a favor del banco se
realiza ante notario, se inscribe en el registro de la propiedad y está sujeta
al pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados. Es el banco el mayor
beneficiado de la formalización de la hipoteca, aunque sea el consumidor quien
en la práctica paga todos los gastos.
A modo de ejemplo el Impuesto sobre Actos Jurídicos
Documentados ascendería a 2.550 euros para una hipoteca de 150.000 euros, con
una responsabilidad hipotecaria de 255.000 euros y un tipo impositivo del 1 por
ciento (en la actualidad oscila entre el 0,5 por ciento y el 1,5 por ciento,
dependiendo de la Comunidad Autónoma donde radique el inmueble).
A este impuesto, habría que añadir alrededor de 425
euros de gastos de notario y 125 de Registrado de la Propiedad. En
total unos 3.100 euros que finalmente paga el consumidor por la abusiva
imposición de los bancos.
Por todo ello, OCU ha iniciado una campaña para
facilitar a los consumidores esta tarea. En primer lugar, ha puesto a
disposición de todos los consumidores una calculadora para que puedan conocer
de manera aproximada la cantidad cobrada de más por su banco. Además, OCU pone
a disposición de los consumidores un teléfono 900 902 494 para ayudarles a
reclamar la devolución de las cantidades que los bancos han cobrado de forma
abusiva.
Desde esta asociación y otras entidades similares se
vuelve a reclamar al Gobierno y al Banco de España pongan en marcha mecanismos
más agiles que hagan que los consumidores no tengan que recurrir de forma
individual a los tribunales para recuperar el dinero que han pagado de más por
sus hipotecas. “En este caso las reclamaciones colectivas serían más útiles y
no sobrecargarían a los juzgados como va a suceder en esta oportunidad una vez
más”, apunta el portavoz de esta entidad.
Tribunal Supremo crea
doctrina
Otra opinión que recabamos sobre este tema es la de Eugenio
Ribón,abogado experto en derecho de consumo y voz autorizada en estos temas
“hay que darse cuenta que el cien por cien de las hipotecas le carga estos
gastos al usuario. Todas en nuestro país están afectadas por esta situación
generada por el fallo del Tribunal Supremo. Según el INE más de ocho millones
de hipotecas estarían afectadas por esta situación”.
Sobre los gastos que se
van a reclamar parecen claro los de registro y notaria “y estaría la duda del
Impuesto del Acto Jurídico Documentales porque la ley dice que lo debe pagar el
banco, pero el Reglamento contradice hasta tal punto. Si se estudia otra
sentencia sobre el Supremo relacionada con el IBI parece al menos que se
pudiera lograr el 50 por ciento del total de este impuesto”.
Por su experiencia en
estos temas, advierte que puede haber un aluvión de demandas sobre este asunto.
“Podemos estar ante la mayor acción judicial desde la demanda de los últimos
quince años”.
Un dato que destaca
Ribón es que el tribunal Supremo deja claro que esas cláusulas son nulas,
“con lo cual no hay que luchar por eso y esos gastos no se puedan trasladar al
consumidor”.
El letrado señala
que en la propia sentencia se dice que el citado Impuesto Actos Jurídicos
Documentados corresponde al banco “lo que es contradictorio con otra sentencia
en la sala contenciosa del Supremo, da la sensación que la Sala civil
desconocía este pronunciamiento. El Tribunal Supremo en ese fallo aclara porque
no corresponde al consumidor pagar cada tasa, cuestión que va en contra del
Reglamento como antes señalamos”.
Para este letrado, los
bancos gastarán sus cartuchos en la via judicial “serán procesos complejos. Es
posible que se encuentren con cien mil demandas en todos los juzgados de
primera instancia a la vez. Es el problema que la acción colectiva no funcione
en nuestro país en estos temas, habrá que luchar de esta forma”.
Cree que al menos los
primeros seis meses serán duros “un asunto de este tipo en menos de un año
estará resuelto”.
Fuente: CONFILEGAL.
Autor: Luis Javier Sánchez.
Enlace: https://confilegal.com/20161128-8-millones-hipotecas/
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